El balance de una empresa petrolera muestra reservas probadas como activo. Lo que no muestra es la probabilidad de que una porción relevante de estas reservas nunca se extraiga, porque el costo de extracción excede el precio de mercado en un escenario de transición energética acelerada, porque la regulación las hace inviables antes de agotarse, o porque la demanda desaparece antes de que la empresa pueda monetizarlas. Éste es el problema de los activos abandonados: activos que aparecen en el balance a su valor de mercado histórico o actual, pero cuyo valor realizable en un horizonte de 10 a 20 años es sustancialmente menor. La diferencia entre ambos números es lo que nadie quiere plasmar en el papel.
¿Qué define a un activo varado?
El concepto de activos abandonados no es nuevo: la literatura económica lo ha utilizado durante décadas para describir activos que pierden valor debido a cambios tecnológicos o de mercado. Lo que ha cambiado es la escala y la velocidad del fenómeno en el contexto de la transición energética.
Un activo queda varado cuando pierde valor antes del final de su vida útil esperada debido a factores fuera del control del operador. En el contexto climático operan simultáneamente tres mecanismos: regulatorio (la legislación que prohíbe o encarece los combustibles fósiles reduce el período de operación rentable), económico (la caída del coste de las renovables y el avance de la electrificación comprime la demanda y los márgenes antes de lo esperado) y financiero (los inversores institucionales adoptan políticas de desinversión en fósiles, aumentando el coste del capital y reduciendo el valor presente de los flujos futuros).
Cuando la regulación señala restricciones, el mercado financiero ajusta los supuestos antes de que la ley entre en vigor: el activo pierde valor de mercado incluso si continúa operando.
¿Dónde está el dinero en riesgo?
El análisis más citado, de la Carbon Tracker Initiative, estima que entre 1/3 y la mitad de las reservas de combustibles fósiles en los balances de las empresas públicas tendrían que permanecer bajo tierra para que el calentamiento se mantuviera por debajo de los 2°C. En un escenario de 1,5°C, esta proporción aumenta.
Las reservas con altos costos de extracción (arenas bituminosas canadienses, petróleo del Ártico, campos de aguas ultraprofundas) son los candidatos más obvios. Pero el problema no se limita a las aguas arriba. Los gasoductos de larga distancia construidos con una vida útil prevista de 40 a 50 años enfrentan el riesgo de subutilización si la demanda de gas cae antes de que finalice el período de amortización. Las plantas de carbón en Europa y Estados Unidos ya están operando por debajo de su capacidad o enfrentan un cierre anticipado.
En Brasil, el presal tiene costos de extracción competitivos a escala global. Pero las infraestructuras de refino, petroquímica y distribución de derivados enfrentan presiones diferentes: el horizonte de demanda de gasolina y diésel se está comprimiendo por la electrificación del transporte.
La brecha entre el balance y la realidad
El problema central contable es que las normas actuales (NIIF y PCGA de EE.UU.) exigen el reconocimiento del deterioro cuando el valor recuperable cae por debajo del valor en libros. Pero el cálculo del valor recuperable utiliza supuestos de precio y demanda que las propias empresas definen, y existe un incentivo estructural para que estos supuestos sean optimistas.
Cuando una compañía petrolera proyecta un valor recuperable a un precio a largo plazo de 70 a 80 dólares por barril sin incorporar escenarios de transición energética, puede respetar la letra del estándar y al mismo tiempo producir una cifra que no refleja el riesgo real. Los auditores tienen dificultades para cuestionar los supuestos macroeconómicos de largo plazo sin un estándar regulatorio claro sobre lo que es "razonable".
El TCFD y el ISSB S2 van en esta dirección al exigir la divulgación de cómo se comportarían los activos en diferentes escenarios climáticos. Pero la divulgación de escenarios y el reconocimiento del deterioro son cosas diferentes: la empresa puede demostrar que, en un escenario de 1,5°C, ciertos activos perderían valor sustancial y, al mismo tiempo, no registrar ningún deterioro en el balance actual bajo la justificación de que el escenario base es diferente.
Cómo los inversores valoran el riesgo
El mercado financiero no espera a que la contabilidad resuelva el problema. Los fondos de capital privado ya incorporan análisis de riesgo climático en los modelos de valoración, ajustando los supuestos de flujo de efectivo y tasa de descuento para reflejar la exposición a activos varados. En el mercado de deuda, el financiamiento de proyectos de combustibles fósiles enfrenta costos de capital crecientes, y los bancos europeos se niegan explícitamente a financiar nuevos proyectos de carbón y petróleo no convencionales. Cuando el costo del capital aumenta, el valor presente de los activos cae, independientemente de cualquier cambio en los balances.
Los inversores activistas han utilizado los ayuntamientos para presionar por análisis más transparentes de la resiliencia de las carteras. La resolución aprobada por los accionistas de ExxonMobil en 2021, que exige un análisis de impacto de escenarios de 1,5°C, señaló que esta presión no tiene fecha de vencimiento.
Qué hacer antes de que el mercado fuerce la respuesta
La posición estratégica más vulnerable es la de la empresa a la espera de regulación o presión del mercado para reconocer el problema. En esta posición, la empresa no controla el momento del reconocimiento, y los ajustes de valoración realizados bajo presión externa tienden a ser más severos que los ajustes realizados preventivamente con comunicación controlada.
El ejercicio útil no es declarar un deterioro inmediato de los activos que aún tienen valor actual, sino elaborar un análisis interno honesto de qué parte de la cartera está expuesta al riesgo de activos varados en diferentes horizontes y escenarios de transición. Este mapa informa las decisiones de asignación de capital (dónde invertir en expansión versus dónde maximizar la extracción de valor antes de que se cierre la ventana), guía la diversificación y prepara la comunicación con inversionistas y acreedores, quienes ya hacen este análisis por su cuenta y prefieren empresas que demuestren conciencia de riesgo.
El problema de los miles de millones que nadie quiere incluir en el balance se abordará de alguna manera. La diferencia es si la empresa estará en la mesa cuando esto suceda o se verá sorprendida por el proyecto de ley.
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